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El Gobierno ha prorrogado dos años el plazo inicial de entrada en vigor de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración pública.

El aplazamiento ha llegado después de que el día 31 de agosto de 2018 se publicara en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018 que modifica la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La nueva norma modifica la disposición séptima de la Ley 39/2015 que establecía que el 2 de octubre de 2018 tenían que entrar en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

Según el Gobierno, la prórroga se ha producido tras considerar que no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos y jurídicos necesarios para la entrada en vigor de la Administración electrónica.

Ahora, el nuevo plazo queda fijado para el 2 de octubre de 2020.

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