Efectos del Covid-19 sobre la caducidad y prescripción

¿Sabes cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la caducidad y prescripción de las obligaciones tributarias? Antes de responder a esta cuestión que ha suscitado múltiples dudas entre los contribuyentes, nos aproximamos brevemente a los conceptos de caducidad y prescripción.

¿Qué entendemos por caducidad?

La caducidad está configurada como una forma de terminación de los procedimientos administrativos. Las actuaciones realizadas en un procedimiento caducado carecen de toda validez. En materia tributaria, la mayoría de procedimientos de aplicación de los tributos y el procedimiento sancionador presentan una duración máxima de 6 meses. La Administración está facultada para volver a iniciar un procedimiento que ha caducado, siempre que lo haga antes de finalizar el período de prescripción.

¿Qué entendemos por prescripción?

La prescripción se puede definir como el tiempo que tiene la Administración para promover sus procedimientos, así como el plazo del que dispone el administrado para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. La capacidad para exigir el pago de tributos y sanciones o solicitar devoluciones debe estar delimitada temporalmente por motivos de seguridad jurídica. Cualquier acción llevada a cabo con conocimiento formal del obligado tributario puede interrumpir el período de prescripción. En el ámbito tributario, la prescripción suele ser de 4 años.

¿Cómo ha afectado el estado de alarma a la caducidad y prescripción?

Una vez que el RDL 11/2020 entró en vigor, los procedimientos tributarios en curso permanecieron suspendidos desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo, esto es, una suspensión de 78 días. Tras el estado de alarma, a modo de compensar la supuesta inactividad se adicionaron estos 78 días a la duración máxima de las actuaciones de la AEAT que quedaron suspendidas.

Lo que se concebía como una medida que facilitase el cumplimiento de las obligaciones tributarias en esta situación tan atípica ha sido objeto de numerosas críticas. Parece ser que la suspensión no ha afectado de igual manera a la AEAT y los contribuyentes, ya que la primera ha estado trabajando con regularidad y ahora pretende sumarse más días de forma injustificada.

Asimismo, el período de prescripción también se ha ampliado en la misma cantidad de días que la caducidad. A pesar del carácter transitorio del entramado legal aprobado durante la pandemia, las consecuencias de esta nueva normativa se van a arrastrar a lo largo de los próximos años. Estos son algunos de los impuestos más importantes cuya prescripción se verá alterada:

  • IRPF del 2015, 2016, 2017 y 2018.
  • IS del 2015, 2016, 2017 y 2018.
  • IVA del segundo trimestre de 2016 al primer trimestre de 2020.

Ejemplo de los efectos suspensivos en la prescripción

El 1 de septiembre de 2020, Gestión notificó el inicio de un procedimiento de comprobación limitada a un contribuyente persona física relativo a su IRPF de 2015. En condiciones normales, el órgano competente no podría iniciar dicho procedimiento porque la prescripción teórica se habría consumado el 1 de julio de 2020 (4 años a contar desde el fin del período voluntario). No obstante, bajo las circunstancias actuales, la prescripción se postergaría 78 días más y en este caso la actuación se ajustaría a Derecho.

Sin embargo, de apreciarse indicios de la comisión de una posible infracción tributaria, imperaría el principio de irretroactividad de la ley (las modificaciones legales no se pueden aplicar a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia cuando empeoren la situación del sujeto infractor)  y Hacienda no podría imponer multa alguna, puesto que en cualquiera de los dos escenarios la prescripción de la infracción sería el 1 de julio de 2020 y el procedimiento de comprobación limitada se inició más tarde, concretamente el 1 de septiembre de 2020.

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